El ‘catalangate’ o el ‘catalanfake’

Estos días la política catalana y, por ende, también la política española, están alteradas como consecuencia de lo que se ha denominado Catalangate. El supuesto escándalo es la revelación de que 63 personas independentistas fueron espiadas mediante un programa llamado Pegasus, completado todo ello con el anuncio del Ministro Bolaños de que también fueron infectados los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles. Pero centrémonos en el análisis de hechos denunciados por los independentistas. Desde una visión objetiva, quizá nos demos cuenta de que no estamos tanto ante un «catalangate», como ante un «catalanfake», que no sería el primero, ni supongo el último. Sin negar que pudiera haber habido algún tipo de investigación por parte del CNI, parece que se quieren instrumentalizar las posibles intervenciones telefónicas, presentándolas como un nuevo ataque al independentismo, con la finalidad de debilitar al Estado, y a su vez recomponer la unidad del independentismo. En este sentido resultan sospechosos algunos datos objetivos que sí podemos contrastar fácilmente. En primer lugar, no se ha publicado prueba alguna de los móviles infectados con Pegasus, ni que el responsable fuera el CNI, ni siquiera se ha publicado íntegramente el informe, cuando ciertamente, mediante técnicas de análisis forense de dichos móviles, hubiera sido relativamente fácil demostrar la infección. En segundo lugar, la fuente del escándalo es un investigador catalán del grupo de investigación denominado Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Además parece que dicha persona según la Universidad no tiene la cualificación de investigador, sino que es únicamente colaborador del grupo de trabajo. Asimismo, es el mismo que fue nombrado por Quim Torra dentro de un grupo de asesores de la Generalitat, y que visitó en diferentes ocasiones a Puigdemont en Waterloo; y por último, está siendo investigado por la Audiencia Nacional en las diligencias abiertas para la identificación de los responsables de Tsunami Democràtic. En fin, datos más que suficientes para sospechar que no estamos ante alguien objetivo y ajeno al movimiento independentista. Pero es que, además, el hecho de que había móviles supuestamente infectados con el programa entre los independentistas es algo conocido desde, al menos, julio de 2020. También resulta sospechoso, que tal como consta en el registro de dominios, el dominio «catalangate.cat» fue registrado a las 13:36 del día 10 de enero de 2022 hace casi cuatro meses. Entonces, ¿por qué ahora? ¿A qué responde la campaña mediática y de presión política que a todos los niveles y en especial a nivel internacional han lanzado en este preciso momento? Pues todo parece indicar que obedece a intentar aprovechar la coyuntura internacional para debilitar al Estado español y recomponer la maltrecha unidad independentista.

La Ley 11/2002 reguladora del CNI, aprobada por una inmensa mayoría en el Congreso –284 diputados votaron afirmativamente–, y recordemos que entre estos votos estaban los de CiU, establece que una de las funciones del CNI es prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población.

La época de las supuestas escuchas coincide con la aparición de Tsunami Democràtic, cuyo fin era desestabilizar el Estado, y con los contactos del independentismo con los servicios de inteligencia de Putin. Si a ello le sumamos el reiterado «ho tornarem a fer», nos lleva a poder afirmar, que no es que el CNI investigara, es que tenía la obligación de hacerlo por mandato de la ley. Precisamente tenemos un servicio de inteligencia para detectar y neutralizar supuestos como los señalados, que pretenden atentar contra el ordenamiento constitucional con acciones desde fuera de la legalidad democrática. Ahora bien, la forma en la que se deberían haber realizado las investigaciones, como la ley requiere, es mediante autorización del Magistrado del Tribunal Supremo designado para ello, lo que nuestra legislación no permite es una investigación masiva mediante escuchas telefónicas, ya que requiere una determinación individual de cada una de ellas con su correspondiente autorización judicial. Si el CNI se excedió de sus funciones, para ello están los tribunales, que previa la correspondiente denuncia deberán investigar, aunque por las últimas informaciones aparecidas todo indica que se realizó dentro del marco legal y bajo mandato judicial, y que el número de móviles intervenidos resulta ser mucho menor al denunciado. Lo sorprendente es cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto al pie de los caballos a quien tiene que velar por nuestra seguridad, por el simple hecho de mantener la estabilidad parlamentaria a su favor.

Se quejaban algunos líderes independentistas de la falta de apoyo internacional al «catalangate». Puede que su sorpresa venga de su desconocimiento, la mayoría de los países europeos disponen de legislación parecida a la española. Francia aprobó en 2015 su ley reguladora de los servicios de inteligencia, con muchas más facultades que la española habiendo sido validada, a excepción de tres artículos, por el Tribunal Constitucional Francés. Italia también reformó sus servicios de inteligencia en 2007 para adaptarlos a la actualidad. Y no podemos olvidar la Patriot Act norteamericana que dotaba a la NSA de extraordinarias competencias en la intervención de conversaciones y datos, y que fue sustituida en 2015 por la USA Freedom Act que limita el acceso a las conversaciones y datos, y requiere autorización judicial previa, aunque manteniendo facultades de intervención que aquí serían impensables.

En definitiva, se ha desatado una campaña para debilitar las instituciones del Estado, no muy diferente de otras, pero con elemento diferenciador, ya que en este caso quien debe proteger desde el Gobierno de España dichas instituciones ahora está dispuesto a entregarlas a quienes pretenden debilitarlas; y esto, a la larga, puede poner en peligro a nuestra democracia.